ACTA n.° 07-2008

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, San José, a las catorce horas y treinta cinco minutos del veintinueve de octubre del año dos mil ocho. Se inicia la presente sesión ordinaria con la asistencia de la magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, quien preside; el  Dr. Marvin Carvajal Pérez, director de la Escuela Judicial, la Licda. Lilliam Gómez Mora en representación del Ministerio Público;  el Lic. Francisco Segura Montero, subdirector a.i. del Organismo de Investigación Judicial, la Licda. Marta Iris Muñoz Cascante, jefa de la Defensa Pública, la  Licda. Diana Montero Montero de la Defensa Pública a solicitud de su superior jerárquica,  el Dr. Víctor Ardón Acosta, juez del Tribunal Superior de Trabajo, el M.Ba. Mauricio Quirós Álvarez, en representación del Departamento de Personal y la señora Aida Cristina Sinclair Myers, secretaria de la Escuela Judicial.  Ausente: el Dr. Rafael  Ángel Sanabria Rojas, juez  del Tribunal de Casación Penal, quien debió atender sesión del Consejo de la Judicatura.

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AGENDA

1.	Aprobación del acta n.º 04-2008 del veintitrés de abril, n.º 05-2008 del 06 de junio del 2008 y n.º 06-2008 del 02 de octubre del 2008. (Se adjuntan)

2.	Oficio n. º 7553-08, acuerdo del Consejo Superior, sesión n.° 052-08 celebrada el 17 de julio del 2008, sobre directrices de acatamiento obligatorio para la capacitación y oficio n.º 6822-08, acuerdo de la Corte Plena,  sesión n.° 22-08 celebrada el 23 de junio del 2008, en donde se solicita a la Escuela que formule una propuesta de Plan Políticas de Capacitación. (Se adjunta propuesta que incorpora los acuerdos alcanzados en la reunión sostenida en la Escuela con las Unidades entre otros, así como las observaciones). 

3.	Asuntos varios.
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ARTÍCULO I

Se aprueba el acta n.º 04-2008 del veintitrés de abril, el n.º 05-2008 del 06 de junio del 2008 y el n.º 06-2008 del 02 de octubre del 2008.

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ARTÍCULO II

La Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General, Corte Suprema de Justicia, en oficio n.º 9007-08 del 16 de octubre de 2008, enviado a la Mag. Ana Virginia Calzada Miranda, presidenta del Consejo Directivo de la Escuela Judicial,  indica lo siguiente:

Muy respetuosamente, le transcribo el acuerdo tomado por la Corte Plena, en la sesión N° 35-08 celebrada el 13 de octubre en curso, que literalmente dice:

“ARTÍCULO III

         ENTRAN LA MAGISTRADA PEREIRA Y EL MAGISTRADO RAMÍREZ.
Para lo que a bien tenga resolver esta Corte, se hace de conocimiento que el 15 de noviembre de este año, vence el período por el que fueron electos la Magistrada Calzada y los Jueces Rafael Sanabria Rojas y Víctor Ardón Acosta, como Integrantes del Consejo Directivo de la Escuela Judicial.
Previamente a resolver lo que corresponda en la sesión que se llevará a cabo el 27 de octubre en curso, se dispuso: Solicitarle a la Magistrada Calzada y a los jueces Sanabria Rojas y Ardón Acosta que se sirvan presentar un informe de lo que ha sido su gestión durante el último año como integrantes del citado Consejo, y además indiquen si están de acuerdo o no en ser reelectos. Se declara acuerdo firme.”

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El Dr. Marvin Carvajal informó a los presentes que, la Magistrada Ana Virginia Calzada, el Dr. Rafael Sanabria Rojas y el Dr. Víctor Ardón Acosta, fueron reelectos por un período más como Integrantes del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en la sesión nº. 37-08 de Corte Plena del 27 de octubre de 2008, por lo que se les extendió una felicitación.

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SE ACUERDA: Tomar nota.
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ARTÍCULO III

La Sra. Catalina Conejo Valverde, prosecretaria general interina, en oficio n.º 7553-08 del 04 de setiembre de 2008, enviado al Dr. Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial,   indica lo siguiente:
Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 052-08 celebrada el 17 de julio del presente año, que literalmente dice:
“ARTÍCULO XXXI  

La Integrante Milena Conejo Aguilar señala que es  importante que el Consejo Superior adicione algunas reglas que deben seguirse para la aprobación de las actividades de capacitación, por cuanto se siguen presentando problemas, sobre todo con jueces o juezas, ya que no se conoce al momento de aprobar las solicitudes si tienen o no suplente, si tienen diligencias que no pueden delegar, como por ejemplo cuando están en deliberación o se trata de una continuación de juicio. Además de las dudas sobre la pertinencia de la capacitación en algunos casos. 
Por lo anterior se debe hacer saber tanto a la Escuela Judicial como a las Comisiones y grupos que organizan estos eventos las  medidas que deben cumplir para que sea aprobada la actividad. 
Luego de discutir ampliamente el tema se acuerda comunicar a la Escuela Judicial, comisiones y demás organizaciones del Poder Judicial que realizan actividades de capacitación las siguientes directrices de acatamiento obligatorio, las que serán verificadas por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia previamente a conocer la gestión: 1) Cuando se hagan convocatorias, deberán seleccionar solo a los servidores que se desempeñen en puestos o materias en las que sean de aplicación los conocimientos a impartir, debiendo actualizar los datos en vista de la constante rotación de servidores. Asimismo considerarán convocar de forma directa al personal,  atendiendo las necesidades de capacitación que se detecten por oficina, región, materia, entre otros, con el fin de direccionar el aprendizaje a los grupos que más lo requieren, y que su vez las estas personas transmitan a sus demás compañeros y compañeras los conocimientos adquiridos. 2) Las personas seleccionadas deberán contar con el visto bueno de su superior jerárquico inmediato, en el caso de los despachos colegiados del juez o jueza coordinadora, y cuando se trate de un juez o jueza  que ocupa el cargo de coordinación deberá tener el visto bueno de la Presidencia de la Corte. 3) Las gestiones deberán indicar  el nombre de los servidores  y servidoras que requieran de sustitución, en el entendido que conforme lo dispuso este Consejo en la sesión N° 03-08, celebrada el 15 de enero del 2008, artículo LXXXII, publicado en la circular N° 20-08 del año en curso, no podrán asistir a la actividad aquellos servidores que aún y cuando hayan sido convocados, no cuenten con sustituto, y bien este no haya  asumido el puesto. Deberán considerar que cuando el servidor o servidora convocada ocupa una plaza extraordinaria no puede ser sustituida, en ese caso será este Consejo el que valorará si se autoriza o no la asistencia a la capacitación. 4) En ningún caso se autoriza, que con motivo a la asistencia a una actividad de capacitación, se suspendan diligencias o audiencias orales previamente programadas. 5) Las actividades de capacitación que organice el Poder Judicial, deberán ser coordinadas con la Escuela Judicial, con el fin de verificar que se cumplan estos lineamientos y partir del año 2009 deberán ser incluidas en el Plan de Capacitación de la Escuela Judicial, salvo aquellas  que surjan con ocasión de una necesidad especial que deba ser atendida con urgencia.  6) Reiterar a la Escuela Judicial, como ente rector de la capacitación, que debe velar porque se cumpla con la directriz de este Consejo de que los y las servidoras judiciales asistan a un máximo de 3 actividades por año, con el fin de que tengan oportunidad de participar el mayor número posible de servidores.”  
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La Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General, Corte Suprema de Justicia, en oficio n.º 6822-08 del 13 de agosto de 2008, enviado al Dr. Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial,   indica lo siguiente:

	Muy respetuosamente, le transcribo el acuerdo tomado por la Corte Plena en sesión No. 22-08, celebrada el 23 de junio en curso,  que literalmente dice:

“ARTÍCULO XV

	ENTRAN LA MAGISTRADA CALZADA Y LOS MAGISTRADOS MORA, VARGAS Y SOSTO LOPEZ. ASUME DE NUEVO LA PRESIDENCIA EL MAGISTRADO MORA.

Expresa el Presidente, Magistrado Mora: “El Consejo Asesor en su oportunidad discutió sobre un problema que estamos teniendo últimamente en relación con una cantidad bastante grande de permisos que debemos resolver todas las semanas y una cantidad importante de esos permisos se refieren a temas de capacitación, no solamente de la Escuela Judicial sino también de Comisiones, y no hay semana que no tengamos que hacer una cantidad de nombramientos bastante grande y esto  ha conllevado que haya una muy intensa movilidad en la judicatura, movilidad que en la Presidencia llegan constantemente las quejas de los abogados y que tenemos que verla en el Consejo Superior  para ver cómo hacemos con las suplencias y también en la Comisión de nombramientos, en donde en algunas semanas vienen siendo 60  ó 70 nombramientos por semana; esto conlleva que al mes tengamos como 150 nombramientos y si somos 800  y tantos jueces pues es realmente grande la cantidad de permisos que se están  dando.
Uno de los problemas que tenemos  es que no hay planificación, la Escuela Judicial hace convocatorias, las Comisiones hacen convocatorias, y al final de cuentas hay una cantidad importante de jueces que están fuera de sus labores. Algunos abogados me decían que habían apreciado muy bien la capacitación que se ha dado en género en el Poder Judicial y la capacitación que se dio en oralidad últimamente porque -me decían- han visto un cambio de actitud bastante en los servidores judiciales, pero que lo mismo no se veía con otra cantidad importante de cursos que tenemos en donde el rendimiento de los despachos se ve afectado por la no asistencia de los jueces, y no se ve enriquecido por las enseñanzas que deberían estar recibiendo. En una  oportunidad una abogada muy indispuesta me llamó, estaba ella en uno de  los cantones de Guanacaste, porque resulta que había ido hacía un mes a ver un expediente y  hablar  con el juez, y no estaba, fue quince días antes a retirar un cheque y hablar con el juez y tampoco estaba, y ese viernes me dijo que hiciera algo para ver cómo el juez la iba atender a ella porque tampoco estaba ese día. Recuerdo que tuve que llamarle porque estaba en Liberia en  una reunión y que se fuera para el lugar  y pudiera hacer la atención del momento. 
Seguramente a don Alfonso también le ocurrió en los días que estuve incapacitado, pero los jueves y los viernes ya casi no tenemos como nombrar suplentes, porque ya muchos de los suplentes están nombrados como propietarios en otras partes y muchos están ocupados; y ahora que estamos regionalizando la capacitación también los permisos se dan constantemente. Yo diría que si por lo menos nosotros pudiéramos poner algunas restricciones para que los martes, miércoles y jueves fueran lo menos posible utilizados para temas de esta índole y ojalà que lo pudiéramos concentrar los lunes y ver si se puede en algunas horas que no sean laborales. Ya varias Escuelas Judiciales de América Latina han estado emigrando hacia horas no laborables para la capacitación.
Lo que yo le propuse en ese momento al Consejo Asesor es que le planteáramos a la Corte una moratoria en cuanto a los permisos y que dijéramos que por lo menos durante  tres o seis  meses no se van a conceder permisos y todo el mundo en su puesto. Sé  que la medida es un poco drástica pero yo quisiera plantear este tema y tenemos que analizarlo y ver de qué manera tratamos de ver cómo resolvemos esa situación que ya en algunos casos se nos vuelve inmanejable.”
         El Magistrado Chaves indica: “Le agrego a todo lo que  usted está diciendo, que suscribo, que también por aparte los funcionarios nos conseguimos capacitaciones en otros lugares, y eso se suma a los que salen. También las Comisiones hacen actividades no sólo de capacitación sino de otro tipo con lo cual se agrava el problema.
Una vez un abogado amigo mío me dijo que él estaba convencido que los funcionarios judiciales  de Costa Rica eran los más capacitados del mundo pero que nunca estaban trabajando, y a mí me pareció muy exagerado pero después de ver todos los permisos que damos ya comenzó a no parecerme tanto. El problema yo inclusive no lo deslumbro desde el punto inclusive  económico, que sí lo, porque  las sustituciones es un rubro importante en el Poder Judicial, sino el del servicio. Normalmente ese fenómeno de la no posibilidad de la sustitución se daba en los lugares muy alejados como Bribrí, Guatuso, los Chiles; y es que va más rápido la movilidad laboral nuestra de permisos y de capacitaciones que la calificación de elegibilidad que hacemos, no hay  esa proporción que debería de darse y si a eso le sumamos también Defensa Pública, Ministerio Público, O.I.J en cuanto a capacitación y a gente que traemos de esos lugares para efectos de llenar puestos de jueces; entonces en realidad si llenamos el puesto de juez desatendemos la Defensa Pùblica, Ministerio Público y cualquier otra de esas áreas. Entonces sí creo que de alguna manera tenemos que buscar una solución porque el servicio que estamos prestando  no es el más adecuado. Recuerdo también algunos casos de  lugares lejanos de  San José, estoy hablando de la Zona Norte y parte de Limón, en la cual  o hemos negado de alguna forma la capacitación con la injusticia que eso significa de que los que estamos aquí en el centro sí nos capacitamos más o hemos dicho que ojalà que no pase nada véngase a la capacitación  pero no hay el juez que lo pueda sustituir. Y a veces hacemos capacitaciones de un miércoles en la tarde, recuerdo una, en la cual citamos a gente de Bribrí, Corredores y de Buenos Aires, y si esa gente tiene que venirse en la mañana de ese día e irse jueves; o sea, se perdieron como dos días y lo lógico serían que esas capacitaciones las hagamos o el viernes o el lunes y no a mitad de la semana porque ahí causamos mucho tipo de inconveniente. 
Yo por supuesto que estoy de acuerdo con la capacitación y he sido de los favorecidos porque la Escuela Judicial me tomó en cuenta para capacitarme y supuestamente para dar una capacitación, pero sí creo que han proliferado ahora mucho más las capacitaciones con otros entes que están a la par de la Escuela y reconociendo la necesidad de la capacitación también reconozco la necesidad de buscar un sistema que no implique que abandonemos siempre las funciones nuestras y no estemos brindando el mejor servicio. Y es que al decir no sólo la capacitación porque utilizamos gente para que se capacite y gente para que capacite -principalmente jueces-  con lo cual entonces en las dos vertientes estamos abriendo huecos en los tribunales y en los juzgados y esos necesariamente no se llenan. Sumémosle también a la gente que sacamos para la preparación de códigos y para la preparación de otro tipo de actividades y entonces en realidad estamos desatendiendo de alguna manera los tribunales y los juzgados en detrimento en el servicio público y dando una mala imagen ante los usuarios nuestros.”
La Magistrada Varela dice: “Este es un tema que es delicado, ¿y por qué digo esto?, porque primero la ley dice que es un deber de asistir cuando se le llama a capacitación. Yo entiendo que se estén dando estos trastornos pero me parece que tomar una medida así de precipitada hay que tener mucho cuidado; yo diría que lo que debe de hacerse es primero un estudio para determinar la programación de capacitaciones que tiene programada la Escuela Judicial, además las capacitaciones que tienen en proyecto digamos capacitación in sito como ocurre en materia de familia -entre otras-, o sea,  hacer ese estudio para ver cuál es la programación que existe y después de eso entonces poder tomar una medida en ese sentido; y si no pensar hacia el futuro  para proyectar en qué tiempo de plazo de espera, como dice don Luis Paulino que se va a dar, para efectos de que en ese período no se va a dar capacitación a nadie y cuando digo nadie debe ser en todas las áreas, porque también recordemos que el tema de la capacitación lo utilizan muchos funcionarios por un bendito cartón, que les va a representar puntos dentro de la escala y para carrera profesional también. Entonces, tenemos que ver cuáles son esas necesidades y cuáles son las programaciones. En una oportunidad ya lo había planteado que las Comisiones que están atendiendo las diferentes jurisdicciones se dan cuenta de inmediato cuáles son las verdaderas necesidades, en qué punto y en qué áreas es que se requiere la capacitación. Y podría cambiarse el tema de los permisos por un sistema como ocurría en el pasado, con el sistema de asesores de la Escuela Judicial, esto significa que algunas y algunos funcionarios van a tener que ser sustituciones pero son los menos, ¿para que?, para ir a dar asesoría y capacitación in sito en el mismo despacho. Podría pensarse que tiene su costo, sí, claro que tiene su costo, pero les aseguro que si hacemos un estudio de como ocurría en el pasado con ese sistema y creo que muchas y muchos de los que están aquí abordaron este tipo de capacitación, va a ser más beneficioso para los funcionarios, para el sistema judicial y más económico. Por eso yo instaría más bien a que se retome este programa y si aún así se va a pretender que por un tiempo no se de capacitación que sea general pero previo estudio de todas las programaciones de todas las áreas.”
         La Magistrada Calzada adiciona: “Yo estoy de acuerdo con lo que señala doña Julia al inicio de sus palabras, señalando que la capacitación es un deber que tiene la institución con los funcionarios del Poder Judicial. Me parece que el problema no radica en la capacitación que brinda el ente encargado de la capacitación del  Poder Judicial,  que es la Escuela Judicial, a mí lo que lo que me parece que está ocurriendo y se lo manifesté a don Luis Paulino, es que no hay un ente rector de la capacitación, entonces hay muchas capacitaciones por muchas comisiones, hay capacitaciones que vienen del extranjero y están las capacitaciones propias  de la  Escuela, a lo que se ha decidido en el año anterior que es dónde debe de orientarse la capacitación, el área que por estudios técnicos se demostró que es la que necesita la capacitación en el año que está corriendo. Entonces considero que lo que hay que buscar es ordenar las  capacitaciones para que se vayan programando a su debido tiempo y no duplicar capacitaciones.
Yo nunca he estado de acuerdo, por una cuestión de género, con el hecho de que las capacitaciones se den los sábados o se den en horario vespertino, ¿por qué?, porque todos sabemos que  las mujeres cumplen una doble o triple función y cuando salen del  Poder Judicial tienen que ir a sus casas a cuidar a sus hijos, entonces se quedan sin la capacitación que da el  Poder Judicial. Desde ese punto de vista el buscar capacitaciones fuera de horarios  del  Poder Judicial me parece que iría en desventaja de la mujer  que trabaja en el  Poder Judicial. Pero sí me parece que podríamos ordenar las capacitaciones si tuviéramos un ente rector, llámese Escuela Judicial, Consejo  de Personal, llámese quien sea; la cosa es que ese ente rector sea el que autorice las capacitaciones para que entonces pueda  programarlas durante el año y ver qué capacitaciones están coincidiendo y cuáles no.”
         La  Magistrada León manifiesta: “Yo entiendo y así lo he manifestado cuando don Luis Paulino en el Consejo Consultivo lo ha planteado, la preocupación que genera en la prestación del servicio público el exceso de permisos y de posteriores sustituciones en cadenas muchas veces, y el costo que esto representa tanto para el servicio como para el presupuesto, pero es que esto también da al traste con algo que la misma institución ha venido implementando y aceptando, que son el permitir que el Departamento de Recursos Humanos pueda establecer cursos de inducción a distancia en muchas áreas porque se estima que no son los cursos  de capacitación académica que imparte la Escuela Judicial, y también una política que ha sido de mucho provecho en la perspectiva de las Comisiones, de la  Escuela Judicial  de facilitar a un capacitador para que pueda elaborar el planteamiento y las dinámicas de los cursos de capacitación que se dan. Entonces tampoco podríamos nosotros desatender que se han aprobado políticas institucionales sobre poblaciones específicas, me refiero a género, a personas con discapacidad, al tema de valores donde parte de lo que esta Corte ha aprobado se refiere justamente a  cursos y talleres de sensibilización y de capacitación que vienen a ser en definitiva la herramienta básica para lograr esos cambios actitudinales que don Luis Paulino señalaba que son visibles en algunas áreas como la oralidad y género y que tal vez no tanto en las otras, bueno, pareciera entonces que las otras habría que reforzarlas  para que el cambio sea visible, pero cómo desatender entonces mandatos que nos vienen por otras vía y por otros acuerdos de esta Corte en función de un tema que también es muy preocupante. Pero el común denominador de quienes me han precedido en el uso de la palabra, me parece a mí que es ordenar y planificar, porque don Luis lo señalaba, lo señalaba también don Alfonso en el sentido de la necesidad de contar con un sistema que no afectara tanto; doña Julia hablaba de la necesidad de un estudio para llegar a establecer la planificación y doña Ana Virginia de cómo ordenar; entonces yo, y así lo había manifestado, no podría perteneciendo a Comisiones que atienden poblaciones excluidas o en condición de vulnerabilidad donde la primera barrera a romper es la actitudinal y donde he participado durante muchos años en la Comisión de Género y lo fui también en la de Valores y saber que esa es la herramienta para  lograr los objetivos, pues venir a decir que hagamos una moratoria o que dispongamos eso, cuando yo creo que existirían -aunque yo no las conozcan porque no soy administradora- algunas medidas alternas que permitan  de alguna forma conciliar ambos interés porque también es un deber institucional, y lo señalaba doña Ana Virginia, el tema de la capacitación. ¿Entonces cómo conciliar dos intereses de mucho peso el servicio público y el deber y el derecho a ser capacitados?. Creo que el punto estaría en venir a restringir, porque todos sabemos que también y no podemos tampoco reglamentar  en función de las excepciones que hay personas que abusan y abusan en el tanto los mismos compañeros que asisten al Consejo nos señalaban como con frecuencia son los mismos los que piden permiso para asistir, para ir y para repetir incluso cursos. Entonces cómo establecer que sólo una vez o dos veces al año y que también las Comisiones partiendo de esto podamos unir esfuerzos y aprovechar  una misma convocatoria y tal. O sea, que en resumidas cuentas pareciera que el tema se orienta a buscar mecanismos que permitan ordenar y conciliar en función de no dejar de atender la  sensibilización como parte de una capacitación necesaria para enfrentar un cambio actitudinal para la implementación de este tipo de medidas.”
         El Magistrado Cruz menciona: “A mí me parece que quizás la respuesta la refirió muy bien doña Ana Virginia, en el sentido de que se requiera una planificación de las capacitaciones, pero sí creo que la llamada de atención que hace la Presidencia es necesaria. En el tema de capacitación por una distorsión del tema de género me parece que los cursos puedan tener dos tipos de horarios, un horario que facilite para cierto sector de la población el poderlo hace en horas de oficinas pero también el mismo curso pero los fines de semana. La experiencia que yo he tenido en capacitación en Centroamérica es que en muchos países especialmente recuerdo muy bien Panamá donde la capacitación se da  los sábados, no estoy seguro si los viernes en la tarde o todo el día pero que sí se da mucha capacitación los sábados y yo creo que es una llamada de atención importante porque el costo es muy alto, y ya de por sí  la capacitación es  necesaria.
Y quizás una llamada de atención que ya lo hemos hablado en alguna ocasión que también hay que revisar en la Carrera Judicial el tema de la acumulación de los puntos porque se vuelve un fin en sí mismo, y la verdad es que la capacitación es importante pero también la experiencia y los méritos en funciones son criterios determinantes  para el nombramiento;  si no se revisa eso lo que ocurre también es que hay una obsesión por acumular puntos porque cuesta mucho avanzar, eso lo comprendo bien, pero si se modifica ese sesgo también se podrían resolver muchos de los problemas de capacitaciones que no son necesarios o que la persona sólo va con el afán de acumular el punto o los puntos, eso va en función también  de algo que ya habíamos conversado del tema de género, a mí me parece que uno de los problemas del avance de las mujeres en la Carrera Judicial es que probablemente enfrentan grandes problemas de capacitación extrajudicial, y claro, me parece que se le da demasiado peso a los puntos acumulados en los títulos académicos, que probablemente habría que valorar eso y reducir su incidencia porque la verdad es que nosotros no estamos aquí en una carrera universitaria, sino que es personas o jueces y juezas que tengan muy buen criterio y buena formación, lo cual no significa que tenga que ser coincidente o paralelo con un doctorado o una especialidad, eso provoca también una gran inquietud para personas que no pueden tener acceso a eso y además no deja de tener una incidencia de tener  que estar haciendo un posgrado en servicio que no sabe en qué va a perjudicar si al servicio mismo o al propio posgrado en cuanto a  su nivel. No estoy proponiendo por supuesto la supresión pero sí la valoración de ese extremo porque también hace o provoca prácticamente una carrera en busca del título porque si no se obtiene el título no se logran los puntos  y a lo mejor esa no debería se el criterio determinante para designar una persona en funciones judiciales, pero si es para una cuestión académica esa es otra cosa.”
         SALEN LA MAGISTRADA CALZADA Y LOS MAGISTRADOS ARMIJO Y ESTRADA NAVAS.

         El Magistrado Aguirre menciona: “En realidad este tema nos ha venido preocupando desde hace bastante tiempo, esto porque la actividad de la  Escuela es importante y la judicatura obviamente que es el propósito nuestro fundamental y en algún momento encontramos con que una incide la otra. Normalmente las escuelas judiciales realizan dos tipos de actividad, una que es la actividad de formación, fundamentalmente encontramos las escuelas judiciales formando jueces, fiscales, eventualmente formando defensores públicos y aquí en Costa Rica creo que también hasta se forman policías. En fin, que una de las actividades principales de las escuelas judiciales es la formación; y otra, la capacitación que consiste en ir actualizando a los funcionarios en el conocimiento, en el saber de determinadas disciplinas porque estas se van modificando en el tiempo. Nosotros aquí en Costa Rica hemos construido toda una estructura material, jurídica y humana importante, yo no sé si será una de las más importantes del área donde nosotros estamos que hemos denominado Escuela Judicial, pero su actividad más importante está orientada a la capacitación, entonces sus baterías van hacia ahí, dirigida a darles mejores conocimientos a las personas que ya están nombradas, pero no encontramos que la Escuela Judicial  esté realizando actividad  de formación, fundamentalmente no lo está haciendo en judicatura. Sabemos que la Escuela está preocupada y que ha venido realizando tareas y actividades tendientes todas hacia  la  organización de esta otra actividad de la  Escuela. Yo creo que para solucionar este problema no sería aconsejable la solución drástica y tajante que nos señalaba el señor Presidente al inicio de esta discusión, o sea, nos decía no volver a dar permisos durante tres meses o durante todo este año, ¿por qué?, porque qué hacemos con esa estructura, qué hacemos con un programa que oportunamente se aprobó, en fin, creo que esa no sería la solución. A mí me parece que debemos de comenzar por ponerle cuidado a los programas que la  Escuela nos plantee en el futuro. En segundo lugar debemos preocuparnos porque la Escuela destine la mayor parte de su tiempo o por lo menos una parte importante de su tiempo a la actividad de formación que no estamos dando. En esta actividad no compromete a la judicatura ¿por qué?, porque va dirigida a personas que quieren ingresar, que van a ingresar, que estamos preparándolas para iniciar las funciones de juez. Pienso entonces que si esa es la falencia más importante que le podemos encontrar al sistema de carrera judicial que la Corte   debería de trabajar por darle a la institución  un sistema de formación inicial de jueces.
Recientemente hicimos una gira para ver el funcionamiento de otras carreras en algunos países  de Europa y no encontramos grandes diferencias con lo que nosotros tenemos, es decir, los mismos temas tal vez los hemos tratado de una manera nosotros y allá de otra, algunas veces los tratamos de  forma muy parecida, pero lo único que nosotros no hemos desarrollado o el único camino por donde no hemos caminado es el de la formación inicial de jueces, que nos decían en todas partes las escuelas judiciales nacieron y se justifican en la formación inicial de jueces, pero nosotros no tenemos la Escuela dirigida hacia esa actividad. Y no es que esté criticando a la Escuela Judicial, de ninguna manera porque sé que la Escuela se ha preocupado en los últimos años porque  se oriente su actividad hacia ese objetivo. Ese sería el segundo aspecto que yo señalaría que debiéramos de reforzar y de esa manera la actividad de capacitación  sería menor. 
También debemos de reestructurar la actividad de capacitación. Comparto plenamente esa preocupación de doña Ana Virginia de que hace falta un ente rector que  defina siempre cómo se da, a quién se da y en qué medida se puede comprometer la función de la jurisdicción. Yo no he revisado la legislación que tenemos, pero a mí me  parece que la Ley de Creación de la Escuela Judicial y su Reglamento, de repente que si lo vemos con detenimiento le dan a la Escuela esa posibilidad de dirigir lo que es la actividad de capacitación; inclusive  recuerdo que por ahí hay una norma que obliga a que se le pida el parecer a la Escuela para adjudicar becas, sin embargo me parece que la Corte nunca le ha pedido esa opinión a la Escuela, sino que se viene a la Corte y aquí tomamos la decisión  o sino otro camino, que es normal, pasa por el Consejo de Personal y de éste viene aquí pero casi siempre se omite el criterio de la Escuela sobre a quién se adjudican las becas y en qué materias, etcétera.
Finalmente creo que la actividad de capacitación debe ser reordenada -para utilizar alguna palabra- de tal manera que no se comprometa el desplazamiento de los jueces, que no los obliguemos a desplazarse grandes distancias. Recientemente teníamos una presentación que se nos hacía por parte de la AID sobre el Juzgado de Trabajo de Goicoechea, y unos expertos que analizaron la situación nos señalaban que encontraron ahí que había un desconocimiento del personal de apoyo, en el trámite de asuntos y fundamentalmente que había una preocupación de parte  de los jueces en relación con el manejo de temas de derecho público y derecho administrativo propiamente y en el caso de asuntos que  tienen que ver con el empleo público, ¿por qué razón?, bueno porque estos jueces se quejan de que su formación no comprende instituciones importantísimas que ellos tienen que aplicar con frecuencia, entonces nos decían que ahí hay una falencia y de antemano nos decían estos expertos que la Escuela Judicial podía cumplir ahí en el propio juzgado que  tiene tantos jueces, in sito, dando una capacitación al personal de apoyo y una capacitación a los jueces en esos temas tan importantes. O sea, que pienso que habría que reestructurar esto de esa manera y entonces yo sugeriría esos cuatro temas para pensar que si se puede trabajar en ellos y así lograr darle a  la Escuela pues una  eficiencia mayor y a su vez darle el papel que le corresponde  en el funcionamiento del  Poder Judicial.”
         La Magistrada Varela adiciona: “Para aclarar también que unas de las labores que ahora está haciendo la  Escuela Judicial  es que a las diferentes materias, por lo menos me consta en familia y laboral,  nos pidieron que les señaláramos cuáles eran los temas en que se sentían mayor necesidad de capacitación en estas áreas, para ellos programar las actividades académicas de capacitaciones. También el Director de la Escuela nos manifestó su anuencia  que le parecía muy bien el pensar en el tema de la capacitación in sito -como lo señalaba antes y también ahora lo reitera don Orlando- porque precisamente esa es una forma  más eficiente, sin mayor problema de desplazamiento para lograr que se capaciten ya no sólo el personal profesional sino incluso el mismo personal de apoyo, eso se favorece, y la experiencia que yo tuve en laboral en su  tiempo cuando estaba como asesora en la  Escuela Judicial, me decían que la gente quedaba muy satisfecha y la manifestación de la mayoría o de todos era “mire es que esto permite que yo no me salga de mi despacho,  que todo el mundo escuche las explicaciones sobre los temas que tenemos duda y no encontramos el problema de que me voy tres días y cuando regreso encuentro una pila de expedientes y lo que aprendí ni siquiera tengo tiempo de transmitirlo porque no me puedo convertir entonces en un agente multiplicador”. Entonces uno se pregunta ¿es eso lo que queremos?, ¿efectivamente estamos logrando el objetivo haciendo las capacitaciones directamente  en la  Escuela Judicial?. Yo no digo que no se deban de hacer  algunas pero una o dos veces al año cuando mucho. 
Otro tema al que yo creo que hay que prestarle atención  es puramente al operativo, la  Escuela Judicial  no llevaba un registro de quiénes habían llevado  tantos cursos, qué naturaleza de cursos, cuántos días  o cuántas horas tenía de capacitación de determinada área. Habíamos tomado  un acuerdo tanto en la Comisión de Familia como en la de Laboral, y le pedimos a la  Escuela Judicial que por favor hicieran un estudio, un registro de estos temas, porque esto sí es importante para la Corte, primero para lograr dar capacitación a mayor cantidad de gente y que no sean unos cuantos los que siempre están repitiendo. Y recuerdo un caso el año pasado en que se abrió un curso, creo de  violencia doméstica, y en la lista que yo pedí que me mandaron cual fue mi sorpresa que la mayoría eran jueces de trabajo, y yo les dije “pero por Dios, qué tiene que hacer un juez de trabajo en esta materia? es simplemente abandonar el despacho para ir a recibir una capacitación que no va a aplicar y no es pertinente”, entonces yo les dije que por favor le prestaran atención a este tema. Sabemos, los que  estamos en el Consejo de Personal, que hemos seguido ciertas reglas para pronunciarnos a favor de los que van a ir a cursos en el exterior, también tomando en cuenta el tema de la pertinencia, tomando en cuenta de cuánto tiempo tiene de estar en el ejercicio del cargo, y obviamente si ha recibido o no capacitación en esta área. Todos estos detalles son importantes y creo que debemos pedirle al Consejo Superior que haga su registro, que tenga debidamente estructurada la información para que a ellos mismos les sirva cuando se hace una petición de permisos y estos esto nos va a ayudar a ordenar ese tema teniendo esas bases de datos. Al Departamento de Personal también le pedimos que tuviera debidamente estructurado y ya tienen más o menos elaborado y de hecho en algunas oportunidades cuando vienen solicitudes de becas para el exterior o incluso en las que da una universidad privada -con un descuento- hemos echado mano a esa información y eso nos va a permitir excluir a gente que lo que quiere es acumular puntos sin preocuparle si efectivamente en el tema que se va a capacitar le va servir o no para el ejercicio del cargo. Repito, este tema es muy complicado que hay que darle atención integral y obviamente hacerse ese estudio previo.”
         SALE EL MAGISTRADO SOSTO LOPEZ

La Magistrada Bogantes indica: “Realmente, la formación y la capacitación de quienes prestan servicios en la institución es una evidente necesidad. La capacitación por sí misma es un derecho y un deber  de los funcionarios y funcionarias del  Poder Judicial.  La Magistrada Varela expuso ya, una apreciación que hemos comentado en el seno de la propia Sala Segunda, relacionada con el hecho de que por lo general son las mismas personas las que asisten a los  cursos de capacitación.  Tengo para mí, que esa situación se da, por la inexistencia -hasta el momento- de la adecuada y completa base de datos a la que hizo alusión la Magistrada Varela.  Es necesario tener dicha base de datos no sólo en relación con los cursos impartidos, sino también debe incluir el nombre de las personas que han participado en ellos, con el fin de orientar las actividades hacia quienes verdaderamente las necesiten, a la luz de objetivos previamente planteados; pues, no sólo debe analizarse la pertinencia de los cursos, sino, también, la necesidad de que determinadas personas los  reciban en relación con su incidencia en las funciones que llevan a cabo.  De no ser así, es difícil determinar si realmente se están cumpliendo dichos objetivos, sobre todo, repito, ante la circunstancia de que hay funcionarios sobrecapacitados en contraposición a muchos jueces y juezas que no están recibiendo la capacitación.  Por otro lado, coincido con las manifestaciones del Magistrado Cruz y de la Magistrada Calzada.  En ese sentido me opongo firmemente a dar un paso atrás en la programación que se deba hacer de los cursos, en el tanto afecte negativamente a las trabajadoras de este Poder de la República.  Es evidente que la programación de cursos en horarios fuera de la jornada ordinaria laboral constituye una de las tantas formas de discriminación, dado que por el rol de las mujeres en la sociedad, en el fondo se les obstaculizaría el acceso a capacitación y, por consiguiente, el acceso a mejores oportunidades de trabajo.”
         El Magistrado Arroyo dice: “Esta vez es la vigésima vez que a mí me toca como miembro de esta Corte hablar del tema de capacitación  y de  Escuela Judicial y esta bien, sólo quisiera recordar que efectivamente parece estar muy claro que hay problemas estructurales, problemas de fondo como el simple hecho de que nuestras escuelas de derecho no preparan gente para la judicatura y que esa es históricamente una encomienda que han tenido que asumir los  poderes judiciales del mundo, y que sería importante no perder de vista que lo que nos está pasando es que el reclutamiento del  Poder Judicial  tiene que pasar por un período de capacitación inicial. Como bien lo decía don Orlando, institucionalmente nosotros tenemos que ir en esa dirección, es ahí donde nosotros deberíamos poder estratégicamente solventar muchísimas de las necesidades que estamos sintiendo en este momento; apenas sí tenemos atisbos de un programa de formación inicial que a mí me parece, y en esto estoy completamente de acuerdo con don Orlando, hay que enfatizar. ¿Que haya paralelamente un programa de formación permanente para las emergencias? eso también es necesario y eso precisamente es lo que habría que planificar anual o bianualmente con las prioridades que institucionalmente se fijen. Ahora, lo cierto es que eso es lo que teóricamente podría resolver muchas cosas y yo creo que en la discusión  que nosotros hemos tenido ha propósito de otras jornadas de reflexión y de solución a los problemas estratégicos del  Poder Judicial, ahí también hay propuestas importantes y aprovecho para decir que hemos avanzado poco en lo que son reformas a la Ley Orgánica del  Poder Judicial, a una nueva Ley de la Carrera Judicial y un Reglamento que podría también entrarle a una cantidad de problemas como ese que se señalaba de que al final de cuentas nosotros estamos dándole un gran valor a la publicación, a  la docencia y a la comparecencia a cursos que quizá tiene a la gente ocupada formalmente en una capacitación que ni siquiera es estratégicamente importante para ellos. Así es que yo quisiera simplemente reiterar mi fe en que esta Corte pueda algún día dar las soluciones de largo plazo que están pendiente y que siendo la situación como la que está siendo, es decir, la imposibilidad que tiene el Poder Judicial de sostener un número tan elevado de permisos para capacitación pues no nos queda más que entender que después de las jornadas ordinarias, fines de semana o bien con una moratoria sobre aspectos específicos, o bien general, son las salidas que tenemos en este momento, no hay otras, si hubieran otras pues obviamente que las podríamos ya haber considerado pero es que sobre el tapete después de años de discusión sobre esto tenemos por un lado un servicio público seriamente afectado por la movilidad de los funcionarios y por otro la necesidad del derecho y el deber de capacitación, y esa balanza nunca nosotros la hemos podido equilibrar. De manera que yo creo que siendo esa la situación hay cuestiones estratégicas a las que les tenemos que entrar a largo plazo y hay cuestiones puntuales que deberíamos poder atender ya y es el sacrificio que tenemos que hacer tácticamente para que la capacitación se concentre en horas extraordinarios y no en horas laborales; igual pueden ser ensayadas otras cuestiones pero esto me parece que sí debe ser una decisión que esta Corte tome a corto plazo.”
         SALE EL MAGISTRADO VARGAS.

         Señala la Magistrado Escoto: “Creo que la Magistrada Bogantes y el Magistrado Arroyo han tocado puntos que me parecen trascendentes, y es el cambio en cuanto a lo que está regulado en la Ley de Carrera Judicial y el Reglamento respectivo. Lo que quisiera es contribuir y no repetir ideas, pero a mí me parece que si se han dado avances como es la videoconferencia, cuando uno expone y ve en los diferentes ámbitos del país que si acaso llegan tres personas y vacíos los lugares donde se supone, entonces se pregunta ¿qué es esto?. Yo creo que no sólo en la Escuela Judicial, y sí me preocupa lo que dice la Magistrada Varela, de limitarlo porque tienen que darse cambios de paradigmas y creo que tienen que empezar por nosotros mismos. No sólo revisar a quién se le otorgan estas capacitaciones, sino que podría variarse en el sentido de regular que estos para incentivar el salario deba hacerse para quienes estén al día, porque sé de muchos despachos o al menos de algunos donde se les otorga permisos y sobretodo para fuera del país, por los cuales se pelean y ni se da cuenta nadie, porque es en el Consejo donde parece que hacen esto, donde dejan sus despachos atrasados y esto es injusto para el resto del personal porque es desmotivación. A mí me parece que hay que dar cambio de paradigmas y aquí es donde me preocupa, porque si nosotros vamos a tener un Poder Judicial fundado en valores, como se ha venido diciendo últimamente y conforme al plan quinquenal último, tenemos que también capacitar para servir por valores y uno de ellos es estar al día y uno de ellos es no estar pidiendo permisos sobretodo para fuera del país y nosotros mismos dar el ejemplo.
 La acción de ausentismo que muestran adelantos como la videoconferencia deben de tomarse en cuenta, pero es injusto -como lo decía la Magistrada Varela- que también se cercene el derecho a que compañeros y compañeras juzgadoras puedan sumar puntos porque estamos fundados en un sistema que no debería ser y es la Ley de Carrera Judicial donde otorga puntos por esto. Hay que tener en cuanta que esto adhiere al salario, que da en la Ley de Carrera Judicial puntos, debemos -como lo hicimos una vez en una encerrona- y ahora lo tocó el Magistrado Arroyo, revisar esa Ley de Carrera Judicial. Y me preocupa mucho que por este ausentismo de algunos o repeticiones o fundados en un paradigma que se tiene de que para obtener puntos pero eso es lo que hemos dado. ¿Qué lleva al alza de puntos y a venir en un primero o segundo puesto?, el dar  clases, estar con bastantes puntos en estas capacitaciones. Cambiémoslo y démosle mayor puntos entonces a quienes están al día, pero que se revise realmente y no lo que está sucediendo que a nadie se le pide rendir cuentas en cuanto a sí está al día o no para otorgarle capacitaciones y becas, y sé por qué lo digo.”
         Añade el Presidente, Magistrado Mora: “Cuando discutíamos este tema en el Consejo Asesor, después de bastante rato de discutir, pues nos dimos cuenta que no podíamos llegar a una propuesta para hacerle a la Corte, porque cada uno de nosotros tenía una idea en relación con el tema, y ahora después de oírlos a todos ustedes pues caigo a la misma conclusión. Tenemos muchos problemas relacionados con esto y cada uno tiene una forma de solucionar los temas y también de agregar algunos otros temas al punto principal que es el ausentismo del trabajo en los juzgados.  Relacionado con el tema de la capacitación, pero no solamente con el tema de la capacitación de la Escuela, sino también con el que ahora realizamos de muy diferentes formas con una serie de comisiones y todas inconexas, cada una hace su convocatoria y claro que nos dicen yo convoco sólo dos veces cada tres meses, pero al final de cuantas son tantas que vienen causándose problema de ese ausentismo del que hemos señalado.
Me parecen buenas varias ideas que se han señalado acá y que tal vez podrían orientarnos un poco, una es la que nos señalaba don Orlando de establecer cuál es el liderazgo y la dirección que debería tener la Escuela Judicial en el tema de la capacitación; si como lo dice la Ley de Creación de la Escuela Judicial este es el órgano de capacitación del Poder Judicial pues ahí deberíamos de concentrar estas labores y ver como las organizan de alguna forma. Si estuviera aquí don Luis Fernando Solano muy probablemente, al igual que lo hizo don Orlando, nos hablaría de la necesidad de profundizar en el tema de la formación inicial, bueno, ahora entiendo que ya estamos iniciándonos en ese tema.
Yo no creo que con todo lo que hemos hablado acá vayamos a tener una idea clara de qué es lo que hay que hacer para evitar lo que nos está ocurriendo en este momento que es la crítica que nos están haciendo la cantidad de abogados por el bajo rendimiento de muchos jueces dado que andan en capacitación casi constante, pero me parece que tal vez ese tema lo pueda tener un poco más claro la Escuela Judicial, y entonces por qué no le encomendamos a la Escuela Judicial que a más tardar la primera semana de octubre nos haga un propuesta en relación con este tema y nos la fundamente, y con base en eso pues entonces discutiríamos y ver si podemos orientarnos y tomar una dirección que por lo menos nos señale una dirección común.”
Agrega la Magistrada Varela: “Y que la Escuela Judicial en ese estudio coordine con las comisiones todo lo que se ha programado ya y para el futuro, porque creo que eso es importantísimo para poder tener el cuadro completo.”     
Adiciona el Presidente, Magistrado Mora: “Bueno todo lo que se ha dicho aquí que lo analice y nos haga una propuesta.”
Señala la Magistrada Pereira: “Señor Presidente: Ya que usted ha hecho esa propuesta, por qué no sugerirle a Escuela Judicial que analice, y recuerdan creo que la mayoría de los que estamos acá cuando existía el Comité Académico, que se encargaba de ver precisamente que no existiese duplicidad de capacitaciones, cuáles eran las debilidades que se encontraban en cada área para organizar de esa forma las capacitaciones en el año. Yo no conozco las razones por las cuales el Comité Académico de la Escuela se deshizo, ni conozco las razones por las cuales los grupos asesores en cada jurisdicción se deshicieron, que como la Magistrada Varela lo mencionó, cumplían una función extraordinaria porque esos grupos asesores por materia nos trasladábamos a las diferentes circunscripciones territoriales y detectábamos en el sitio cuáles eran las mayores falencias en las resoluciones, y de ahí nosotros retroalimentábamos al Comité Académico. Si la Escuela va a retomar esto como corresponde, me parece a mí probablemente ese Comité Académico que estaba integrado por uno de los representantes de cada área, sería una función que podría desempeñarse siguiendo todos los parámetros que igualmente ha seguido el Consejo de Personal para otorgar capacitaciones, o sea, cuántas veces se ha asistido a un mismo tipo de capacitación, cuánto tiempo de servicio tiene, cuándo ha sido si o no beneficiado con algún tipo de estos beneficios, y además el tiempo de servicio etc. Hay parámetros objetivos que el Consejo de Personal asumió en su oportunidad para no señalar a dedo quienes van a las capacitaciones. Y unido a eso nosotros deberíamos decir, si vamos a encomendarle esto a la Escuela, que toda capacitación que se programe por cualquiera de la comisiones tiene que pasar necesariamente por la Dirección de la Escuela o estos comités académicos que se conforme para que sea ahí donde una organización correcta como su nombre lo indica se planifiquen las capacitaciones que el Poder Judicial tiene que llevar acabo.
 Yo quiero reiterarles que como durante diez años que participé en el Comité Académico y en los grupos asesores esa era la forma en que mejor se organizaban las capacitaciones en el Poder Judicial, después de que eso se deshizo -ignoro las razones- empezó este desorden que hoy día tenemos.
Entonces ya que el señor Presidente propone que vuelva a la Escuela Judicial, como ente rector de las capacitaciones, se piense en la idea de volver a retomar porque también tenemos que considerar que el Director y el Subdirector y todo quien conforme el Consejo de la Escuela Judicial pues tiene su experiencia desde luego en esto, pero también tiene que ser retroalimentados por los expertos en cada uno de las jurisdicciones para saber cuales son las verdaderas necesidades. Pienso que eso debería retomarse y analizarse cuáles fueron las razones para que se eliminaran si realmente ha dado buen resultado o no buen resultado esa decisión que en su oportunidad la Corte tomó.”
El Presidente, Magistrado Mora, le expresa a la Magistrada Pereira: “Doña Magda: le parece que esto que usted ha señalado, como le vamos a mandar toda el acta de hoy al Consejo Directivo de la Escuela, pues que lo tome en consideración al momento de hacernos la propuesta.”
Agrega la Magistrada Escoto: “Me parece esencial lo que dice doña Magda, pero por diagnósticos de oportunidad que ha venido realizando la Comisión de Valores -que no es de efemérides- en el Segundo Circuito Judicial, por ejemplo, se muestra que es un edificio enfermo por el ausentismo, pero el ausentismo no se debe a capacitaciones sino a incapacidades, y éstas son generalmente -en algunos casos- antes de capacitaciones o de salidas a algún lado. Entonces yo quisiera ver, conforme se trajo el tema aquí, si se pone también en cuenta en la Escuela Judicial lo que doña Magda tan sabiamente expone, pero a la vez que se refuerce en revisar quiénes se están incapacitando y las razones por las cuáles se hacen, y ver si estos abogados y abogadas que están haciendo estas denuncias efectivamente se fundamentan en porque andan en capacitaciones o es que si están también ausentes por incapacidad, y revisar estas razones a fin de buscar una salida eficiente, porque aparentemente tenemos un personal enfermo. Yo creo que esto, les pido, debería de tomarse en cuenta con base en diagnósticos de oportunidad. Yo no sé cuántos serán los abogados litigantes que dicen o con que estudio de que se deben a capacitaciones de unos y otros. Pero sí se requiere este estudio y tomar en cuenta esto también con base en un cambio de paradigma que a quienes estén al día se les otorgue, pero que se pida ese informe a los coordinadores o a quienes corresponda, porque en muchos casos eso no se está pidiendo.”
El Magistrado Chaves menciona: “Es cierto de que las incapacidades producen evidentemente ausentismo pero también las capacitaciones producen ausentismo. Lo vemos permanentemente, y a veces –repito- sin poder sustituir; estas inquietudes que se han dado acá de si se lleva o no se lleva un control de la gente que ha estado en varias capacitaciones, por parte de la Escuela, se estuvo tocando en el Consejo Superior y está por conocerse el informe porque el Departamento de Personal puede por el sistema SIGA, llevar ese control, que se le había pedido a la Escuela  Judicial y que alguna manera también la Dirección Ejecutiva presentó algo de lo que lleva esa Dirección sobre las capacitaciones y las personas que han participado; y en un primer acercamiento sí hay mucha gente repetida y muchos que no van nunca, eso sí se ha observado. En todo caso yo creo que sí deberíamos ordenarnos aparte de todos estos mecanismos que se han hablado acá, es que yo no se sí la Escuela o alguien, pero tiene que haber un órgano rector de manera que a ese órgano le lleguen todas las posibilidades de capacitación. Y es que si a la Comisión de Asuntos Penales, por ejemplo, se le ocurre hacer una capacitación y entonces la hace, y yo entiendo que algunas sí son necesarias, pero eso no toma en cuenta si esa gente que va a esa capacitación ya fue a algunas de la Escuela, inclusive sobre los mismos temas o inclusive nos ha tocado en el Consejo Superior ver gente que está supuestamente nominada para tres capacitaciones en las mismas fechas porque no nos ponemos de acuerdo. Entonces la Escuela puede llevar su régimen de cuáles son la gente que asiste a los cursos, pero si las otras gentes que también dan capacitación no coordinan con la Escuela entonces vamos a tener estos desaguisados de que hay varia gente designada, que inclusive escogen a cual curso van, y esto es un hecho real que no ha pasado una vez y ha pasado bastante. Entonces yo sí creo que  sí debería haber un órgano rector por el cual se canalice todo eso, y de alguna manera también respetar un poco la planificación porque yo sé que de vez en cuando viene algún jurista importante y habría que aprovechar su sapiencia para que nos de una conferencia o un curso y eso yo lo entiendo como excepción, lo que pasa es que yo no sé si ahora las excepciones son más que las reglas, con lo cual siguen conformando  las reglas porque eso es lo que dice el proverbio; pero me parece que sí deberíamos evitar un poco tanta excepción y que haya más coordinación entre los entes que capacitan.
Creo que también la Magistrada Escoto apuntó una cosa que me parece que es rescatable, y es que si ahora estamos en bastantes circunscripciones con la posibilidad de conectarnos con San José por Intranet y todo ese tipo de cuestiones, pues muchas de las capacitaciones podría hacerse así como se han estado haciendo, lo que reconozco, pero ero también de alguna forma poder llegar a esos lugares que son los que están más desfavorecidos porque los que estamos aquí en el centro somos los que salimos ganando siempre en cuanto a la capacitación por comodidad y por otras razones técnicas.
 Si tenemos un ente rector y si además tomamos conciencia de que tenemos un servicio público que prestar y tomamos conciencia, que yo creo que se está haciendo un paso con el asunto de la oficina de Cooperación Internacional, de manera que las becas al extranjero se canalicen por algún sector y no que yo pueda buscarme mi beca yo creo que con esto ponemos un poco de orden y podemos ofrecer un muchísimo mejor servicio y que también podemos hacer una capacitación más democrática y no centralizada en algunas y algunos que siempre son los favorecidos y favorecidas.”
Menciona el Presidente, Magistrado Mora: “Quisiera decirles que comentándolo con los compañeros de la Comisión de Nombramientos y también con el Vicepresidente, hemos tomado una determinación de que en todo caso se le dice a las personas de que mientras no se haya conseguido un suplente no pueden abandonar el centro de trabajo; porque ya nos ha pasado que dicen “fui convocado y salgo y me voy”.”
Se acordó: Trasladar la propuesta del Consejo Consultivo a la Escuela Judicial, a efecto de que tomando en consideración lo que expusieron las señoras y señores Magistrados que hicieron uso de la palabra, se sirva formular una recomendación a esta Corte, a más tardar en la primera semana del mes de octubre del año en curso.

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Indica el Director de la Escuela Judicial que, como parte de la función rectora asignada a la Escuela en la figura de su Consejo Directivo, debe aprovechar este mandato de Corte Plena para formular una serie de políticas de capacitación, las cuales –de ser aprobadas por Corte- contribuyan significativamente a garantizar que las actividades que realicen la Escuela y las unidades de capacitación, contribuyan en forma eficaz y no entorpezcan de modo alguno, el servicio público estratégico encargado constitucionalmente al Poder Judicial. Menciona que la Dirección de la Escuela formuló un primer borrador de políticas, el cual fue validado por todas las gestores y gestores, especialistas en métodos de enseñanza y mandos medios de la Escuela Judicial, para que sea conocido por este Consejo.

Menciona el representante del Departamento de Gestión Humana que, luego de analizar detenidamente la propuesta, considera importante efectuar algunas observaciones. Estima que, para ello, es relevante tener el parecer de todas las unidades de capacitación.

La Presidenta del Consejo agrega que sería conveniente que se llevara a cabo una reunión con todas las unidades, en la cual también deberían participar representantes de la ACOJUD y de la Asociación de Juezas del Poder Judicial.

Se determina necesario pedir a la Corte Suprema de Justicia una prórroga al plazo conferido, de modo que sea posible efectuar la mencionada actividad antes de la próxima sesión del Consejo Directivo de la Escuela.

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SE ACUERDA: Solicitar respetuosamente a la Corte Plena, que se le conceda al Consejo Directivo de la Escuela Judicial una prórroga del  plazo concedido, para presentar una propuesta de Políticas Generales de Capacitación y Formación del Poder Judicial. ACUERDO FIRME.”

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La Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General, Corte Suprema de Justicia, en oficio n.º 9186-08 del 21 de octubre de 2008, enviado al Dr. Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial,   indica lo siguiente:

Muy respetuosamente, le transcribo el acuerdo tomado por la Corte Plena, en la sesión Nº 36-08 celebrada el 20 de octubre en curso, que literalmente dice:

“ARTÍCULO XXIV

El doctor Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, en oficio Nº 037-CD/EJ de 3 de octubre en curso, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Directivo de esa Escuela, en la sesión celebrada ese día, artículo II, en que se dispuso solicitar una prórroga del plazo que esta Corte en la sesión del 23 de junio de este año, artículo XV, le concedió a la Escuela Judicial para presentar, a principios de este mes, una propuesta de políticas generales de capacitación y formación.

Se acordó: Aprobar la anterior solicitud y en consecuencia prorrogar el plazo hasta finales del mes de noviembre de este año, para que la Escuela Judicial presente la mencionada propuesta. Se declara acuerdo firme. ”

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En atención a lo indicado en el acta n.º 06-08, artículo II, se llevó a cabo una reunión el 13 de octubre del año en curso, con la finalidad de tener el parecer de todas las unidades de capacitación y de los representantes de ACOJUD y de la Asociación de Juezas del Poder Judicial, con respecto al primer borrador de políticas formulado por la Dirección de la Escuela Judicial.  Las personas que participaron fueron las siguientes:    

•	La Licda. Damaris Cruz Obregón y la Licda. Virginia Leitón Chacón por la Defensa Pública.
•	El M.BA. Mauricio Quirós Alvarez y la Licda. Waiman Hin Herrera, por el Departamento de Gestión Humana.
•	El Lic. Oscar Murillo Soto, la Licda. Alba Mª. Solano Chacón y la M.SC. Kattia Campos Zúñiga por el Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.).
•	El. Lic. Sigifredo Rojas Vargas y la Licda. Mayela Pérez Delgado por el Ministerio Público.
•	El Lic. Abel Jiménez Obando, representante de ACOJUD.
•	La Licda. Ana Luisa Meseguer Monge, representante de la Asociación de Juezas del Poder Judicial.
•	El Lic. Mateo Ivankovich Fonseca, LL.M., la Dra. Ana Tristán Sánchez y el Dr. Marvin Carvajal Pérez por la Escuela Judicial.

Por consiguiente, a dicha propuesta se incorporaron los acuerdos alcanzados en la mencionada reunión. En otros temas no tratados o sobre los que no se dio consenso, se añadieron las observaciones de cada Unidad de Capacitación, según se describe a continuación. Nótese que las observaciones efectuadas por la señora Jefa de la Defensa Pública constan en un documento transcrito íntegro.

Escuela Judicial Lic. Edgar Cervantes Villalta

Políticas Generales de Capacitación y Formación del Poder Judicial

I-	Rectoría de la Escuela Judicial
a)	La Escuela Judicial ejercerá una rectoría permanente del trabajo que llevan a cabo las unidades de capacitación del Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública y Gestión Humana.		
b)	La Escuela Judicial tendrá a cargo la formulación y el seguimiento de las políticas de formación y capacitación en el Poder Judicial. Para llevar a cabo dicho seguimiento, la Escuela Judicial solicitará, cuando lo estime necesario, informes acerca del acatamiento de sus políticas y lineamientos.		
c)	La aprobación de los planes anuales estratégicos y operativos, de los programas, de los planes de trabajo y de los planes formativos de cada unidad de capacitación, corresponde al Consejo Directivo de la Escuela Judicial, previo dictamen de la Dirección de la Escuela Judicial.	MP: No debería ser necesario el dictamen previo de la Dirección de la EJ.	
d)	El Consejo Directivo de la Escuela Judicial debe producir políticas generales de certificación y lineamientos metodológicos para todas las unidades de capacitación, los cuales serán de acatamiento obligatorio.		
e)	La Escuela Judicial tendrá un órgano asesor conformado por los y las especialistas en métodos de enseñanza de las Escuela y las unidades, destinado a proponer los lineamientos pedagógicos que corresponde a la Escuela aprobar en uso de sus funciones rectoras.	GH: Propone incluir en dicho grupo a las personas encargadas de cada unidad de capacitación, para incorporar la perspectiva estratégica.	

II-	Unidades de Capacitación
a)	Las unidades de capacitación de la Defensa Pública, Gestión Humana, Ministerio Público y Organismo de Investigación Judicial desarrollarán sus propias actividades de capacitación y formación, bajo la rectoría de la Escuela Judicial.		
b)	Cada unidad deberá desarrollar un Manual de Procedimientos Administrativos para las diferentes funciones que les son asignadas. Este manual deberá ser consecuente con el elaborado por la Escuela Judicial y aprobado por el Consejo Superior.	GH: Cada unidad tendrá su propio manual, de acuerdo con sus peculiaridades.
MP: IDEM.	
c)	Cada unidad deberá llevar a cabo sus actividades académicas en estricto apego a su manual de procedimientos. 	GH: En apego también de las competencias de cada unidad, según la reestructuración de la EJ. 	
d)	El Departamento de Planificación del Poder Judicial deberá evaluar periódicamente que el funcionamiento de las unidades de capacitación se ajuste a su respectivo manual de procedimientos.	GH: Considera que esta no es una competencia del Depto. de Planificación.	
e)	La Escuela Judicial y las unidades de capacitación deberán procurar la realización de actividades conjuntas, a efecto de maximizar el uso de los recursos humanos y materiales de la institución.		

III-	Regionalización
a)	La Escuela Judicial, en conjunto con las unidades de capacitación conformarán equipos regionales de trabajo, con el fin de coordinar las actividades de capacitación en cada región.		
b)	La Escuela Judicial y las unidades de capacitación ejecutarán sus planes anuales en todo el territorio nacional, buscando atender en la misma proporción las necesidades de capacitación en las zonas alejadas y en Valle Central. La capacitación regional responderá a los planes aprobados formalmente por el Consejo Superior.		
c)	Las diferentes sedes regionales participarán en el diagnóstico, ejecución y evaluación de las actividades académicas que en ellas se desarrollen.		
d)	La Escuela Judicial y las unidades de capacitación procurarán constituir equipos regionales de docentes, de modo que se reduzca el desplazamiento de especialistas para la ejecución de sus actividades.		
e)	Implementado el proceso de regionalización de la capacitación judicial, la Escuela y las unidades procurarán evitar que las personas participantes en las actividades se deban desplazar grandes distancias afectando el buen servicio que presta la institución.		

IV-	Ejes transversales
a)	Todos los programas de la Escuela Judicial y las unidades de capacitación deberán incluir en su propuesta curricular, todos los ejes transversales contenidos en los planes institucionales del Poder Judicial, en atención a los objetivos académicos de cada programa.		
b)	La Escuela Judicial y las unidades de capacitación deberán transversalizar, en todos sus programas académicos, las perspectivas de género y protección de los grupos en condición de vulnerabilidad, la defensa de los valores nacionales e institucionales y la búsqueda constante de un servicio público de administración de justicia democrático y eficaz.		
c)	Los planes anuales estratégicos y operativos de la Escuela Judicial y las unidades de capacitación, deberán contener indicadores de gestión claros acerca del fiel cumplimiento de los deberes mencionados en los puntos a) y b) anteriores.		
d)	Todos los materiales y documentos producidos por la Escuela Judicial y las unidades de capacitación, deberán ser accesibles a las poblaciones meta y producidos con un enfoque inclusivo.		

V-	Plan Anual de Capacitación
a)	La Escuela Judicial y cada unidad de capacitación deberán elaborar un plan anual de capacitación, el cual contendrá todas las actividades ordinarias que serán desarrolladas en el año siguiente.		
b)	Cada uno de estos planes deberá ser conocido y aprobado por el Consejo Directivo en la fecha que establezca la Escuela Judicial y sometido al Consejo Superior del Poder Judicial. Antes de dichas aprobaciones deberán ser puestos en conocimiento de las organizaciones que representen a las poblaciones meta.		
c)	La planificación de las ofertas de formación y capacitación guardará estrecha relación con el plan curricular de cada programa.		
d)	La oferta formativa deberá ser racionalizada, de modo que se cumplan los objetivos institucionales en forma prioritaria, sin perjudicar el servicio público que el Poder Judicial está destinado a prestar.		
e)	Toda actividad de formación y capacitación en el Poder Judicial debe estar contenida en los planes anuales de la Escuela Judicial o las unidades de capacitación.		
f)	Excepcionalmente podrán desarrollarse actividades de capacitación no contenidas en el Plan anual, propuestas por entidades ajenas a la Escuela Judicial y a las Unidades de Capacitación. No obstante, deberán ser sometidas a aprobación de la Escuela Judicial o unidad (según corresponda) y ajustarse a requisitos de: relevancia de la entidad proponente, contenido, interés y actualidad en los procesos de formación no previstos en los planes ordinarios de la Escuela Judicial y las unidades de capacitación.		
g)	En relación con las actividades extraordinarias, las y los especialistas en métodos de enseñanza de la Escuela Judicial o las unidades de capacitación deberán dar su visto bueno al diseño de tales actividades. La separación del criterio técnico pedagógico, deberá ser realizada mediante acto motivado.		
h)	Las actividades extraordinarias de capacitación se planificarán por cuatrimestre. Deberán ser sometidas a aprobación de la Escuela Judicial y las unidades de capacitación en las primeras semanas hábiles de enero, mayo y septiembre de cada año. Los meses de ejecución de las actividades extraordinarias serán marzo, julio y noviembre del año de su aprobación.		
i)	La ejecución de actividades extraordinarias de capacitación no comprometerá los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales destinados a cumplir el Plan anual de trabajo aprobado previamente.		
j)	La Escuela Judicial y las unidades de capacitación no certificarán ninguna actividad realizada al margen de las reglas antes mencionadas.		

VI-	Diagnóstico y evaluación de impacto del Plan Formativo
a)	La Escuela Judicial y las unidades de capacitación deberán permanentemente diagnosticar las necesidades de capacitación para la elaboración de los planes de formación y capacitación de sus distintos programas.		
b)	La Escuela Judicial y las unidades de capacitación deberán evaluar permanentemente el impacto de la formación y capacitación que realizan.		
c)	La Escuela Judicial y las unidades de capacitación deberán analizar los costos producto de las actividades que realizan, con el fin de canalizar sus recursos de manera eficiente y maximizar su uso.		

VII-	Organización por Programas
a)	La Escuela Judicial y las unidades de capacitación deben organizar todo su trabajo en programas de formación y capacitación para toda la población adscrita a su respectivo ámbito de aplicación.		
b)	Cada uno de tales programas deberá obedecer a objetivos formativos claramente enlazados con el Plan Estratégico Quinquenal del Poder Judicial y los demás planes institucionales respectivos.		
c)	Los programas de la Escuela y de cada unidad serán al menos los siguientes: formación inicial (de ingreso a la carrera respectiva), de formación básica (de desarrollo de competencias básicas para personas ya ingresadas y que no hayan recibido la formación inicial), de especialización (dirigidos a desarrollar competencias específicas) y actualización (para abordar temas novedosos, cambios normativos, entre otros).		
d)	Los programas mencionados en el punto c) así como cualesquiera otros que se considere necesarios, serán aprobados por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial. La Escuela Judicial y las unidades de capacitación informarán, anualmente, al Consejo Directivo acerca de la estructura y funcionamiento de sus programas. Tales informes deberán ser presentados, a más tardar, el 30 de marzo de cada año.		
e)	La Escuela Judicial y las unidades de capacitación deberán priorizar la ejecución de aquellos programas capaces de producir un impacto más significativo en el cumplimiento de los objetivos institucionales.		

VIII-	Plan Curricular
a)	La Escuela Judicial y todas las unidades de capacitación deberán diseñar un Plan Curricular (macro y microdiseño) para cada programa de formación y capacitación que ofrezcan. Los macrodiseños deberán ser aprobados por el Consejo Directivo.		
b)	El macrodiseño deberá contener al menos como mínimo los siguientes elementos: fundamentación, población meta, un perfil de salida, modalidad de enseñanza, las áreas de formación, estructura curricular, estrategia metodológica y aspectos administrativos, costos e impacto previsto de la formación o capacitación.		
c)	El microdiseño o plan de estudio deberá incluir, al menos, los objetivos de aprendizaje esperados, los contenidos temáticos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, la evaluación de aprendizajes, recursos y la duración del curso. Cada plan deberá adecuarse dependiendo de si el curso es a distancia (virtual, multimedia o con materiales impresos), presencial o bimodal.		
d)	El plan curricular debe tener correspondencia con las necesidades de formación detectadas a través de diagnósticos u otras fuentes que brinden información confiable y pertinente, y que tengan mayor impacto para el efectivo cumplimiento de los objetivos institucionales.		

IX-	Aspectos metodológicos del Plan de Capacitación
Los planes anuales de capacitación y formación de la Escuela Judicial y las unidades de capacitación, deberán someterse a las siguientes políticas metodológicas:
a)	Debe racionalizarse el uso de la capacitación presencial por períodos extensos. La definición de cuándo un curso deba seguir un método presencial, bimodal, a distancia o virtual corresponderá a los equipos de diseño de la Escuela Judicial o las unidades de capacitación. Para ello se tomarán en consideración los objetivos de formación que persiga cada actividad, así como su población meta.		
b)	La Escuela Judicial y las unidades de capacitación deben incrementar sustancialmente el uso de metodologías a distancia (virtual o multimedia), así como el modelo bimodal.		
c)	Tanto la formación como la capacitación que brinden la Escuela Judicial y las unidades de capacitación, deben priorizar el desarrollo de competencias atinentes al cargo que la persona participante desempeña, más que la reproducción de conocimientos. Debe promoverse la participación amplia de las y los participantes en los cursos, mediante la inclusión de actividades y ejercicios prácticos para el desarrollo de las competencias.		
d)	Los materiales didácticos que se entreguen para los cursos de formación y capacitación, deberán ser elaborados o compilados en estricto apego al plan del curso, en sujeción al criterio técnico del o la especialista en métodos de enseñanza.		
e)	La Escuela Judicial y las unidades de capacitación priorizarán el uso de materiales en soporte electrónico en sus diversas actividades de formación y capacitación, a efectos de racionalizar la producción de materiales impresos.		
f)	La Escuela Judicial y las unidades de capacitación deberán suscribir contratos de edición con las autoras y autores de los textos y otros materiales que produzcan, resguardando adecuadamente los derechos de autor, el interés institucional y el adecuado manejo de fondos públicos. El producto elaborado deberá cumplir con los lineamientos técnicos y académicos que establezca la Escuela Judicial.		

X-	Participantes y docentes
a)	Al seleccionar a las y los participantes para sus diferentes actividades de capacitación, la Escuela Judicial y las unidades tomarán en cuenta aquellas personas que desempeñan funciones para las cuales resulta de utilidad la capacitación o requieran el desarrollo de competencias para el ejercicio del puesto.		
b)	Cada persona podrá cursar, por año, una cantidad de actividades académicas que no superen un total de 40 horas presenciales en jornada laboral. El Consejo Superior del Poder Judicial podrá aprobar una participación superior en casos calificados, previo criterio técnico de la Escuela Judicial o la unidad respectiva.		
c)	La Escuela Judicial y cada una de las unidades de capacitación deberán llevar un registro actualizado de las actividades académicas que cada persona ha cursado  o se encuentre cursando, a fin de evitar el otorgamiento inequitativo o desproporcionado de permisos y suplencias para actividades de capacitación, para lo cual deberán utilizarse de manera integral los sistemas vigentes en el Poder Judicial.		
d)	Las actividades presenciales de formación y capacitación de la Escuela Judicial y las unidades de capacitación serán realizadas tanto en jornada laboral como fuera de ella, garantizando un equilibrio entre la vida personal y profesional de las personas participantes.		
e)	Tratándose de una única oferta anual, esta se llevará a cabo en jornada laboral. Cuando se programen dos o más actividades anuales de un mismo tipo, se priorizará la aceptación de participantes mujeres en aquellas realizadas en jornada laboral, en concordancia con la política de equidad institucional.		
f)	La Escuela Judicial y las unidades, con el apoyo de las sedes regionales, vigilarán que las actividades programadas no constituyan un impedimento para la ejecución efectiva de las labores que desarrolla el Poder Judicial.		
g)	La Escuela Judicial y las unidades de capacitación se regirán por criterios objetivos y transparentes para la selección de docentes para sus actividades académicas. Construirán perfiles docentes basados en idoneidad profesional, equidad de género, especialización en la materia, aptitudes y destrezas de enseñanza, entre otros.		
h)	La Escuela Judicial y las unidades de capacitación procurarán incluir en su cuerpo docente a las personas que hayan sido becadas por el Poder Judicial para realizar estudios superiores.		

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La Licda. Marta Iris Muñoz Cascante, Directora General, Defensa Pública en el oficio nº.  1564-JEF-2008, del 16 de Octubre de 2008, suscrito al Dr. Marvin Carvajal Pérez, director de la Escuela Judicial, expresa lo siguiente:

En atención  a las Políticas Generales de Capacitación diseñadas por la Escuela Judicial y puestas en conocimiento de la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública, el pasado lunes 13 de Octubre, me permito manifestar mi desacuerdo con las mismas porque rozan con las normas de Control Interno, específicamente con el Principio de Legalidad, que todo funcionario público debe respetar y acatar. Así como con  la independencia de nuestra Unidad de Capacitación,  además afectan programas ya convalidados con el consiguiente desperdicio de recursos ya invertidos:

1.)	Según el punto II.a) del documento en cuestión: “Los macrodiseños deberán ser aprobados por el Consejo Directivo” lo que a nuestro criterio podría comprometer el equilibrio, la efectividad y los objetivos de cada dependencia, de conformidad con la norma 4.6) del Manual de Control interno que establece la separación de funciones incompatibles. La Escuela Judicial ha invertido esfuerzos y recursos en desconcentrar las funciones de capacitación creando en cada instancia del Poder Judicial una unidad especializada con competencias específicas y propias de la respectiva población que se atiende, por lo que hoy en día contamos con una estructura organizativa consolidada e independiente  aunque con muy poco personal y recursos técnicos asignados; en contraposición a otras  unidades de capacitación del Poder Judicial. Es por ello que trasladar las competencias especializadas nuevamente a la Escuela Judicial implica un retroceso y un entrabamiento por la duplicidad de funciones que generaría la aplicación efectiva de estas políticas. La aprobación de los macrodiseños demanda la especificidad de las materias que cada unidad conoce, la formación y perfil de los funcionarios encargados de determinar las necesidades de capacitación, de diseñar los programas, a nivel tanto de contenido como de procesos, por lo que la función de valorar y aprobar los diseños de los programas es competencia exclusiva de cada unidad. De aplicar estas políticas y concretamente este punto los programas creados y aprobados a la fecha por las autoridades competentes se verían seriamente amenazados, ya que prácticamente tendría que producirse un rediseño de los mismos con su consecuente pérdida de recursos humanos y materiales, lo cual sería lamentable dados los resultados exitosos que hemos logrado en la Defensa Pública concretamente con los Programas de Formación Inicial y Especialización.  Centralizar en la Escuela Judicial las funciones que hoy día desempeña cada unidad de capacitación en forma independiente concretamente la aprobación de los macrodiseños contraviene la independencia que debe existir en cada estructura organizativa según la norma 2.5 del Manual de Control Interno, lo que incluso podría ir en detrimento de las metas institucionales pues es imposible que el control de los diferentes procesos pueda ser ejercido eficientemente por una única instancia de ahí la necesidad de que los jerarcas de cada organización asumen estas labores de fiscalización en apoyo con los expertos actuales de cada unidad de capacitación. El punto II, inciso d) del documento nos confirma la necesidad de que prevalezca la autonomía de las unidades de capacitación en la aprobación de los macrodiseños por cuanto son éstas las que realizan los diagnósticos de necesidades de capacitación de las poblaciones con las que trabajan, los cuales a la ves sirven de base para la elaboración de los diseños. En cuanto al tema de entrabamiento es evidente que el hecho de someter a múltiples aprobaciones, decisiones que sólo deberán ser aprobadas por el jerarca de cada institución, implica discusiones, reuniones, etc., que entorpecerán el proceso de capacitación en general. 
2.)	El punto VI. de las políticas nos habla de la regionalización de la capacitación, lo cual hasta ahora hemos venido implementando de acuerdo a las necesidades diagnosticadas en las diferentes regiones y evidentemente de conformidad con nuestras posibilidades, sin embargo no podríamos asumir lo establecido en el inciso a) de este apartado, por cuanto carecemos de recurso humano y material para enfrentar este reto. Actualmente con el escaso personal y el ambicioso Plan de Capacitación que estamos desarrollando y que se vislumbra igualmente extenso para el próximo año, debemos asumir múltiples funciones incluso fuera de horario, a ello se suma la coordinación de la participación de nuestros(as) funcionarios(as) en actividades de capacitación de otras dependencias del Poder Judicial, externas e incluso internacionales. El objetivo de oficializar las capacitaciones regionales reconocemos que es un ideal de toda unidad de capacitación, sin embargo no sería posible sino va apoyado de un contenido presupuestario, por lo que esta propuesta deviene confusa y carente de operatividad para nuestra unidad, por lo que la aplicación de esta política con los recursos existentes en nuestra Unidad  únicamente desestabilizaría la estructura organizativa existente, además causaría un perjuicio en la ejecución de las actividades programadas. Precisamente para solventar en cierta medida la necesidad de capacitación regional, nuestra unidad ha invertido una gran cantidad de recursos materiales y humanos en la virtualización de algunos cursos de trascendencia institucional y estamos realizando los esfuerzos necesarios para abarcar más cursos bajo esta modalidad. Ello en apego a los fines de la Administración Pública, en el sentido de maximizar recursos al menor costo posible. Ya que no es lo mismo económicamente hablando, destinar una serie de recursos humanos, técnicos y materiales cuando tenemos la escala de planta y equipos modernos de comunicación que hacen más ágiles las actividad de capacitación con un costo muy pequeño, en vista de que el Poder Judicial ya invirtió en equipos audiovisuales y tecnológicos para realizar estas labores.
3.)	En cuanto a la racionalización de las capacitaciones y el hecho de sujetarlas a la aprobación de la Escuela Judicial podría ir en detrimento de los fines institucionales y de las necesidades propias de la población meta a capacitar, concretamente para nuestro caso el Programa de Formación Inicial de Defensores(as) Público(as) cuenta con 96 horas presenciales y el Programa de Asistentes Jurídicos con 48 horas, reducir esta cantidad de horas a las establecidas en estas políticas nos limitaría necesariamente los objetivos planteados en dichos programas, en perjuicio del funcionario y peor aún en la prestación de un servicio público de calidad y excelencia. 
En general la aprobación de estas políticas roza con la legislación de control interno lo que podría generar responsabilidad de los funcionarios. Concretamente violenta las normas 4.6) sobre separación de funciones incompatibles; 1.4) sobre responsabilidad del Jerarca de cada dependencia por control interno; y 2.5) sobre estructura organizativa del Manual del Control Interno.
Reitero mi oposición a la propuesta de “Políticas Generales de Capacitación y Formación del poder Judicial” y deseo indicar que no podemos afectar programas ya consolidados y exitosos como es el Programa que tenemos de Formación Inicial de la Defensa Pública.
Finalmente agradezco la iniciativa de la Escuela Judicial en establecer políticas de capacitación, sin embargo de conformidad con el Estado de derecho en que nos desarrollamos  y propiamente dentro de nuestra institución como garante de derechos de la comunidad costarricense, debemos respetar la normativa imperante y la independencia de las competencias de cada instancia judicial, para el caso que nos ocupa de las diferentes unidades de capacitación. 
Rogamos que nuestra posición sea respetada por apegarnos a la legalidad, en caso contrario y con el debido respeto que merecen, sugiero que estas políticas de acción puedan contar con el criterio del Departamento de Auditoría del Poder Judicial por las responsabilidades que están inmersas en dicha propuesta.
Deseándole éxitos en sus dignas labores y esperando que mi posición sea atendida, suscribo atentamente,
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Las y los integrantes de este Consejo procedieron al análisis de la anterior propuesta punto por punto y fueron incorporando algunos cambios,  lo que no se pudo completar por falta de tiempo, quedando pendiente continuar con esta tarea en una próxima sesión. 

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SE ACUERDA: Que se continuará con el análisis de la anterior propuesta sobre “Políticas Generales de Capacitación y Formación del Poder Judicial” en la siguiente sesión de este Consejo. ACUERDO FIRME.

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Se levanta la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos.	

Mag. Ana Virginia Calzada Miranda               	 Dr. Marvin Carvajal Pérez
PRESIDENTA  		                               	  DIRECTOR ESCUELA JUDICIAL